En Bilbao, reunidos el día 13 de diciembre de 2004 el Comité Nacional Ordinario de la Unión General de Trabajadores de Euskadi ha aprobado con una abstención,la siguiente:
RESOLUCIÓN
I.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL.
LA NECESIDAD DE SU APERTURA EN EUSKADI
El escenario político resultante de las pasadas Elecciones Generales con el cambio de Gobierno ha supuesto la recuperación de este diálogo desde el primer momento, reconociéndose el papel de los agentes sociales. Así, sin que apenas hubieran transcurrido tres meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el 8 de julio el Presidente del Gobierno y los máximos responsables de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME firmaron la Declaración para el Diálogo Social 2004, como clara expresión de la voluntad compartida de fortalecer el mismo y de transmitir a la sociedad un inequívoco mensaje de confianza institucional.
El objetivo perseguido es triple: favorecer la competitividad, el empleo estable y la cohesión social, para lo cual se abordan aspectos esenciales referidos al mercado de trabajo, la negociación colectiva y la participación institucional, incidiendo en materias que gozan de entidad propia y desarrollo autónomo, aunque enmarcadas en un contexto común. La inmediata constitución de la correspondiente Comisión de Seguimiento y Evaluación permitió la distribución de los temas por materias, el ámbito de trabajo de cada una de ellas, tripartito o bipartito, y el calendario a seguir durante la legislatura, priorizando en el tiempo las materias que demandan mayor urgencia.
Se ha iniciado así una nueva etapa de diálogo social, de gran utilidad para alcanzar los objetivos sobre empleo estable y de calidad y mayor cohesión social que viene planteando nuestra Organización.
Aún antes de que se hubiera firmado la Declaración para el Diálogo Social, y tras un proceso negociador tripartito, el Gobierno aprobó un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha permitido que sus perceptores recuperaran el poder adquisitivo perdido durante la última década.
Tras varios años de crecimiento económico en los cuales los pensionistas no habían visto mejorada de forma sustancial la capacidad adquisitiva de sus pensiones, el Comité Nacional muestra su satisfacción por la revalorización acordada para 2005. En primer lugar, porque, a diferencia de la anterior legislatura, las mejoras benefician a todas las pensiones en mínimos, incluidas las de carácter no contributivo y las prestaciones familiares por hijo minusválido mayor de 18 años. En segundo lugar, por la aceptación de la reiterada demanda de UGT de que los pensionistas por incapacidad permanente total mayores de 60 años tuviesen garantizada una pensión mínima. Por último, porque la mejora de la capacidad adquisitiva de las pensiones mínimas es la más importante de los últimos 15 años.
Por otra parte, en la Declaración para el Diálogo Social se contiene el compromiso explícito de defender y mejorar los Servicios Públicos, comprometiéndose el Gobierno, además, a mejorar las condiciones de los empleados públicos, especialmente en los derechos de participación y negociación colectiva, compromiso que ha comenzado a materializarse con la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, acordada el pasado 21 de septiembre entre el Gobierno y las organizaciones sindicales representativas en ese ámbito.
Se ha alcanzado un acuerdo global en la negociación sobre el Reglamento de la Ley de Extranjería entre los interlocutores sociales y el Gobierno en torno a los contenidos sociolaborales del mismo. Los intereses fundamentales de UGT, vincular la inmigración laboral a las necesidades del mercado de trabajo y la garantía de los derechos de los trabajadores y evitar la aparición de un sistema laboral exclusivo para extranjeros, están reflejados en el texto.
También se ha alcanzado ya un acuerdo para recuperar para la negociación colectiva la facultad del establecimiento de clausulas de jubilación forzosa.
La revalorización del SMI, el incremento de las pensiones, los Acuerdos en las Administraciones Públicas ,el Reglamento de la Ley de Extranjería y lo referente a la jubilación forzosa son ya resultados logrados en el diálogo social, mientras que el borrador de Decreto de Extensión de Convenios o la transposición de determinadas Directivas europeas, entre otras, están en proceso de negociación y a punto de que se alcancen acuerdos.
Pero es cierto que, más allá de los frutos ya alcanzados en el Diálogo Social y los que están a punto de alcanzarse, quedan por abordarse los bloques más importantes en torno a los que se agrupan los diferentes capítulos de dicho Diálogo Social comprometido: empleo y mercado de trabajo y protección social.
En cuanto a las materias comprometidas en el ámbito del empleo y el mercado de trabajo, antes de proceder a la negociación se esperará a los resultados de la Comisión de Expertos encargada de evaluar el funcionamiento de las políticas de empleo llevadas a cabo hasta ahora. A este respecto, el Comité Nacional considera que el informe elaborado debería permitir la búsqueda consensuada de soluciones a los dos graves problemas del mercado laboral español: el insuficiente volumen de empleo y el alto nivel de temporalidad. Debilidades que conducen a la necesidad de promover un nuevo modelo productivo, donde la creación de empleo y su calidad sean, entre otros, factores competitivos para mejorar la productividad de nuestra economía.
El Comité Nacional de UGT- Euskadi considera que para construir ese cambio en el modelo de crecimiento es indispensable avanzar en el reforzamiento de nuestro sistema de protección social. El proceso de Diálogo Social abre expectativas positivas para la mejora de las políticas de bienestar social. Junto a la necesidad de consolidar nuestro sistema de protección social y, muy concretamente, el sistema público de pensiones, los poderes públicos deben realizar un mayor esfuerzo por cubrir las necesidades sociales peor cubiertas en la actualidad, especialmente el cuidado de las personas dependientes, la mejora de los servicios y prestaciones dirigidos a las familias y el incremento de la intensidad protectora de ciertas prestaciones mínimas.
Sin embargo, en el País Vasco nos encontramos con una situación de inexistencia de dialogo social a pesar de que asistimos a una avalancha mediática de reivindicación de dicho diálogo por parte de nuestro Lehendakari. Es por ello que el Comité Nacional de UGT-Euskadi hace un llamamiento para que se convoque a los agentes sociales a una mesa de diálogo para afontar los retos de futuro de nuestro mercado de trabajo y de nuestro entramado industrial.
II.- REFERÉNDUM SOBRE EL TRATADO CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: UN PASO ADELANTE
Por primera vez en la historia de la Unión Europea, el movimiento sindical, a través de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha estado directamente implicado en los debates y en el proceso de elaboración de este texto, particularmente en el marco de la Convención. Muchos de los compromisos que refleja el texto final son fruto del trabajo realizado en estrecha alianza con fuerzas políticas y sociales progresistas.
Por su significado, la Constitución europea supone la creación de un ámbito europeo de convivencia democrática de casi 500 millones de habitantes, que ejercerá una innegable influencia en los planos político, económico, social y comercial, en una época de globalización mundial. En comparación con los Tratados ahora vigentes, la Constitución nos trae más Europa, supone un paso cualitativo hacia una mayor unión política europea, en un momento en que la ampliación de 15 a 25 Estados miembros podría haber hecho peligrar una Europa más cohesionada. Con la Constitución, los intentos de reducir la Unión Europea a una zona de libre comercio han quedado superados.
Los contenidos de la Constitución Europea se fundamentan en los valores de libertad, democracia, igualdad, pluralismo, justicia, solidaridad, y no-discriminación, valores que dan carta de naturaleza a la ciudadanía europea. En cuanto a los fines, se formulan compromisos con la paz, la seguridad y la justicia sin fronteras, el crecimiento económico equilibrado, el pleno empleo, el progreso social con un nivel elevado de protección, la mejora de la calidad del medio ambiente, la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.
La Constitución reconoce los derechos civiles, políticos y sociales y la Carta de los Derechos Fundamentales se incorpora con carácter jurídico vinculante, por lo que se podrá interpelar al Tribunal Europeo de Justicia, siendo ésta una de las principales reivindicaciones de la CES.
Desde UGT y desde el conjunto del movimiento sindical europeo representado en la CES, hemos señalado algunas debilidades y carencias que no nos satisfacen, y que necesariamente seguimos planteando como objetivos de primer orden para el avance de una Europa más cohesionada social y políticamente. Nos reafirmamos en la necesidad de definir una política fiscal de carácter europeo que sirva para una más profunda cohesión económica y social, así como instrumentos más eficaces para conseguir los objetivos de pleno empleo, justicia social y cohesión social y territorial. Se debería establecer el voto por mayoría en las decisiones que afectan a las políticas sociales y de fiscalidad y desarrollar los derechos sindicales transnacionales señalados en la parte II del Tratado Constitucional.
Con objeto de dar a conocer los argumentos por los que nos pronunciamos a favor del Tratado Constitucional de la Unión Europea, desarrollaremos una campaña informativa dirigida a los trabajadores y a los ciudadanos en general.
Para la UGT – Euskadi, la propuesta de Tratado Constituyente que se va a someter a referéndum constituye un instrumento valioso, un paso más, que permitirá a la Unión Europea avanzar
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