El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Euskadi (FeSMC-UGT) y reitera la obligación de las empresas de seguridad de cubrir los costos asociados a la renovación de permisos de armas y Tarjetas de Identidad Profesional (TIP) de sus vigilantes. Se trata de un avance relevante en el ámbito laboral, en el que se desestima el recurso presentado por la empresa contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1, emitida el año pasado en septiembre.
En concreto, la resolución de la sentencia del juzgado de Donostia, establecía la obligación de abonar las tasas de los certificados médicos y exámenes psicotécnicos necesarios para ambas licencias y/o habilitaciones, así como el coste de la renovación del permiso de conducir B1 y C1.
Por otra parte, se consideraba el tiempo invertido en la realización de dichos trámites, tiempo de trabajo efectivo, por lo que deberían computarse como jornada ordinaria o, en su caso, abonarse como horas extras.
Ahora, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco además de hacer suyos los argumentos esgrimidos en la sentencia del juzgado de los Social número 1, va más allá y señala que “si una determinada capacitación requiere ser renovada, es el empresario el que debe antender el coste de ello, en cuanto no es posible dentro del derecho acoger aquello que beneficia y rechazar lo perjudicial –cuius commoda eius incommoda- a quién le correspondan los beneficios, también le corresponden los inconvenientes–“.
Según el TSJPV los gastos necesarios para que el trabajador pueda asumir su actividad, se integran dentro del concepto de ajenidad del contrato de trabajo, en un beneficio para la productividad empresarial, que por tanto debe asumir el empleador.
La demanda interpuesta por los servicios jurídicos de UGT afectaba a un total de 53 trabajadores que prestaban sus servicios en el transporte de fondos de Prosegur Servicios de Efectivo de Gipuzkoa, los cuales venían realizando funciones de revisor de sistemas, vigilantes de seguridad, conductores y contadores/pagadores, mientras abonaban de su bolsillo estos costes.
Dicha situación llevó a UGT a interponer una demanda de conflicto colectivo, ya que consideraban «injusto» que los vigilantes de seguridad privada tuvieran que asumir unos gastos que son imprescindibles para el ejercicio de su trabajo.
Cabe recordar que los vigilantes de seguridad han de estar en posesión de la TIP en el ejercicio de las funciones de seguridad privada. Dicha acreditación debe ser expedida por la Dirección General de la Policía, con una validez de diez años, así como del permiso de armas, expedido por la Guardia Civil. Los vigilantes que presten o puedan prestar servicio con armas deben superar, con una periodicidad de cinco años, las correspondientes pruebas psicotécnicas, periodicidad que será bienal a partir de los 55 años de edad.
Por otra parte, los conductores de vehículos de la empresa, bien de turismos o de furgonetas blindadas, requieren la renovación periódica de los permisos correspondientes (B1 o C1), debiendo abonar para ello también las tasas y realizar los exámenes médicos correspondientes para la renovación del permiso de conducción.
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